El Ministerio de Sanidad iniciará esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para «priorizar la atención a los más dependientes».
La intención es que el texto de la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la
segunda semana de julio, tras pasar por la Consejo Territorial del ramo
-comunidades autónomas y Ministerio-, en los primeros día del mes.
El documento para la «reforma del Sistema de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia» expone «seis razones por las que se proponen mejoras» y que
serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una
serie de reuniones «a distinto nivel» que arrancarán esta semana, según
fuentes de este departamento.
No serán los primeros encuentros sobre este asunto, ya que el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de reformas, especialmente por problemas de financiación.
En aquel encuentro se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los grandes dependientes (grado III) y los severos (grado II).
Atención a «los más dependientes»
Esta cuestión aparece en el quinto punto del argumentario oficial, donde el departamento que dirige Ana Mato afirma
que «debe priorizarse la atención de los más dependientes», ya que «es
un principio recogido en la Ley de Dependencia» y «más del 50%» de las
personas en lista de espera son de los grados II y III.
Hasta ahora, la única medida que ha adoptado el Ejecutivo en este sentido ha sido posponer a 2014 la incorporación de nuevos dependientes moderados (Grado I) al sistema.
En
cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el
entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción,
estos «se ha convertido en la regla general» y las ayudas para ellos no
se utilizan como debieran.
«El
cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los núcleos
familiares ha generado que miembros de la unidad familiar decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla».
La prestación pasa así a considerarse renta de la unidad familiar, complementando los ingresos o supliendo la falta de estos, asegura el ministerio.
Por otra parte, desde el primer Consejo Territorial de Dependencia del nuevo Gobierno, Sanidad ha hablado de la necesidad de simplificar la gestión.
En
esta línea va otra de las razones del argumentario, donde se expone que
«no existen diferencias relevantes en el proceso de valoración» ni «en
la forma de atender a los dependientes de diferente nivel dentro del
mismo grado de dependencia», así como se da una «falta de adecuación
entre las situaciones personales de dependencia y los servicios y
prestaciones que reciben».
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